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Opinión
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Por Roy Cortina
Cuando en 1996 los porteños elegíamos por primera
vez a nuestro Jefe de Gobierno y, a través de los Estatuyentes,
sancionábamos nuestra propia Constitución, estábamos
dando el puntapié inicial a un nuevo proceso fundacional
de Buenos Aires, a un proceso que nos tendría a quienes
vivimos en ella como protagonistas.
Esto se vio reflejado en el texto constitucional que recepcionó
diversos institutos tendientes a cambiar de raíz las
características de la relación entre el gobierno
local y la gente.
Así quedaron consagradas la iniciativa popular, la
consulta popular, el referéndum y la revocatoria de
mandato. Sin embargo, no caben dudas que la incorporación
más audaz fue la prevista por el artículo 52
de la Constitución en el que se estableció el
carácter participativo del presupuesto y reserva a
una ley la determinación de los procedimientos de consulta
sobre las prioridades de asignación de recursos.
En el Presupuesto Participativo, a diferencia de lo que ocurre
en el ciclo presupuestario tradicional, se somete a la decisión
de la población la determinación de cuáles
son las prioridades en las que gastar los recursos, donde
y cuando realizar las inversiones y cuales son los planes
y acciones que debe llevar a cabo el Gobierno, por intermedio
de un proceso de debates y consultas.
Este mecanismo importa dejar de lado la concepción
del presupuesto como algo meramente técnico para pasar
a considerarlo como algo esencialmente político en
tanto se someten a la voluntad popular las decisiones relativas
a la recaudación y al destino de los recursos públicos.
La experiencia de Porto Alegre ha evidenciado como el Presupuesto
Participativo permite superar los problemas que trae aparejados
la concentración de poder, el despilfarro de recursos
y la corrupción, a través de una administración
transparente y democrática que permite que el gasto
sea eficaz donde tiene que serlo.
Su implementación se ha traducido también en
una más justa distribución del ingreso y en
una considerable mejora de las condiciones de vida de la gente
más desfavorecida.
Frente a la difícil situación económica-social
que hoy nos toca atravesar a los argentinos, la alternativa
progresista a la crisis debe romper con la visión tradicional
de la relación entre el estado y la sociedad y democratizar
el poder incluyendo a la política económica
y a las decisiones acerca de que es lo que se hace con los
recursos.
La Legislatura de la Ciudad debe empezar a saldar deudas
y sancionar la Ley de Presupuesto Participativo, una Ley que
establezca los lineamientos básicos del proceso y fije
las pautas mínimas capaces de garantizar una participación
amplia y plural, que torne operativo a este mecanismo y lo
libre de los avatares del gobierno de turno.
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