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Propuesta legislativa
Proyecto de Ley del Diputado de la
Ciudad ROY CORTINA
Presentado el 5 de noviembre de 2001
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Los notables resultados de la experiencia de Porto Alegre
y el mandato de la Constitución de nuestra Ciudad hacen
imperioso que esta Legislatura se aboque al tratamiento de
una ley que reglamente el proceso de Presupuesto Participativo.
En las páginas que siguen he tratado de sintetizar
las razones que me llevaron a encarar el estudio de este mecanismo
de participación ciudadana y a elaborar el presente
proyecto.
Hacia una democracia participativa
A comienzos de la década del ochenta comenzó
a manifestarse la crisis por la que atraviesan actualmente
las instituciones democráticas tradicionales, crisis
que se ve reflejada en los bajos índices de credibilidad
que las mismas tienen y en los escasos niveles de participación
ciudadana registrados en ellas durante los últimos
años.
La sociedad post-industrial, surgida a partir del desmantelamiento
del Estado de bienestar por parte del paradigma neoliberal
que se ve concretado en las dos últimas décadas
del siglo XX, dio lugar a un nuevo modelo económico
y social caracterizado por fuertes retrocesos sociales, una
pérdida de poder efectivo de las instituciones políticas
y una menor capacidad de integración social y participación
de los sectores sociales populares en las democracias actuales.
Las sociedades modernas experimentan sustanciales procesos
de transformación social. Estas modificaciones han
dado lugar a la aparición de nuevas formas de producción
y organización del trabajo, nuevas estructuras de poder,
nuevas formas de comunicación social, nuevos sistemas
de estratificación social, nuevas realidades económicas
y políticas de carácter supranacional, nuevas
culturas cívicas, nuevos protagonistas sociales y políticos
y nuevas problemáticas sociopolíticas (desempleo
estructural, marginación social, decadencia urbana).
De la rigidez que caracteriza a las instituciones democráticas
tradicionales para poder satisfacer estas nuevas demandas
y de su falta de adaptación a esta nueva sociedad,
resulta el incremento del descrédito que tienen y determina
como característica central de estos tiempos, la exigencia
de una mayor calidad democrática y la profundización
de todos los mecanismos e instancias de participación.
Esta pérdida de influencia de las instituciones trajo
como consecuencia un fuerte estado de apatía y desmovilización
en la mayoría de los países, que fue aprovechada
por los sectores más poderosos para imponer en las
políticas de estado una orientación acorde a
sus intereses sectoriales y no a los de la sociedad en general.
El actual sistema de representación se ha tornado
insuficiente para afrontar la crisis actual. Así, mientras
que la mayoría de la población vota cada dos
o tres años en el mejor de los casos, existen actores
económicos y financieros que "votan" todos
los días condicionando el accionar de los gobiernos
y definiendo sus políticas.
Frente a tal situación, la alternativa progresista
a la crisis no puede ser otra que la de ampliar la democracia
representativa avanzando hacia una democracia participativa.
De esta manera se da respuesta a los embates autoritarios
que persiguen la restricción de los ámbitos
de actuación de la política, a través
de una crítica a la partidocracia, a la autonomía
de la clase política y desde luego a lo que se ha dado
en llamar "democracia delegativa" o "democracia
como equilibrio" en donde la participación se
limita a la elección entre postulantes que luego realizan
su voluntad personal.
Esa ampliación, a través de la participación
ciudadana, debe abordar al menos cuatro aspectos:
Primero: La democratización del estado y del sistema
político.
Segundo: La descentralización, es decir el traspaso
de competencias o capacidades de decisión sobre distintas
materias.
Tercero: El mejoramiento de las políticas sociales
de superación de la desigualdad y la pobreza.
Cuarto: La modernización de la administración,
para lograr el traspaso de una cultura de súbditos
a una de ciudadanos titulares de derechos.
Para articular estas nuevas formas de participación,
resulta indispensable que, en su conciencia, los hombres y
las mujeres dejen de verse a sí mismos como consumidores
y pasen a comportarse como personas que ejercen activamente
sus derechos y desarrollan sus propias capacidades.
La noción de "participación ciudadana"
o "participación popular" permite abarcar
una cantidad de formas de participación de distinto
tipo y origen, con la utilización de diferentes medios,
a través de diferentes órganos y con distintos
objetivos y funciones.
No obstante, dichas expresiones y la proposición misma
de participación posee una carga valorativa importante
que torna necesaria la discusión acerca de cuales son
las mejores maneras de impulsarla para que el ciudadano, además
de la dimensión de elector, se identifique con la de
vecino, contribuyente, consumidor y generador de "opinión
publica", involucrándose en las distintas esferas
en las que se definen las políticas que lo afectan.
Desde el enfoque tradicional se considera como ciudadanos
a aquellos miembros de una comunidad que tienen garantizados
sus derechos. Así considerado este concepto puede tildarse
de excluyente y lleva implícita una importante carga
de pasividad. La ciudadanía es algo que se otorga y
el ciudadano es aquel cuyos derechos gozan de protección.
Los excluidos que carecen de posibilidades de reinsertarse
en la sociedad moderna, no poseen los recursos de acción
colectiva de los que sí disponen los incluidos para
traducir sus demandas en derechos. Las serias dificultades
que enfrentan se traducen en falta de organización
y disgregación social.
Este nuevo escenario requiere la ampliación de la
esfera de derechos de la comunidad y el obligar al Estado
a diseñar políticas que permitan incluir en
el sistema económico y social a aquellos que se encuentran
fuera de él. Para lograrlo se hace necesario construir
un nuevo tipo de ciudadanía, una ciudadanía
más activa y responsable que permita movilizar a la
sociedad civil y ampliar su participación en las decisiones
políticas del Estado.
Formar ciudadanos conscientes de sus derechos y de su poder
también es una competencia de los gobiernos locales;
un nuevo tipo de ciudadano que sea participante, crítico,
que se diferencie del ciudadano tradicional que sólo
se manifiesta a través de demandas aisladas.
El Presupuesto Participativo
En el camino de alentar nuevas modalidades de participación
ciudadana, en los últimos años se han impulsado
en nuestro país, tanto desde el Estado como desde la
sociedad, propuestas sobre descentralización del poder
público, celebración de referéndums,
instancia de iniciativa popular, audiencias publicas y otros
procedimientos que podemos definir como de democracia semidirecta
o de control del poder del Estado.
Respecto a nuestra Ciudad, la reforma de la Constitución
Nacional de 1994 y la sanción de su propia Constitución
en 1996, han sido fundamentales. No sólo determinaron
un nuevo status jurídico para Buenos Aires, sino que
marcaron el inicio de un importante proceso tendiente a modificar
la forma de relacionarse entre el gobierno local y la gente.
Las bases las sentó la propia Constitución
de la Ciudad, al regular en su Título Segundo, "Derechos
Políticos y Participación Ciudadana", diferentes
mecanismos de participación que le otorgan a los porteños
un nuevo protagonismo en la vida democrática.
Sin embargo, el aspecto más audaz es el previsto por
el artículo 52 de la Constitución, que establece
el carácter participativo del presupuesto y reserva
a una ley la determinación de los procedimientos de
consulta sobre las prioridades de asignación de recursos.
La participación de la población en la definición
del Presupuesto porteño abre las puertas de la gestión
pública a la gente, "ciudadaniza" el espacio
público, genera mecanismos de control, reduce las posibilidades
de corrupción e importa la creación de un instrumento
capaz de redistribuir la riqueza mediante criterios de solidaridad
que tienen en cuenta las prioridades reales de los habitantes
de la Ciudad.
Sin embargo, este concepto no es nuevo. La noción
de Presupuesto Participativo surge en la última década
del siglo XX en la ciudad brasileña de Porto Alegre,
capital del Estado de Río Grande do Sul.
Porto Alegre cuenta con una población aproximada de
1.300.000 habitantes y está situada en el centro de
una región metropolitana que, con 27 municipios, alcanza
a los 3,5 millones de habitantes aproximadamente. Tiene un
Producto Bruto Interno de U$S 8000 millones y un presupuesto
de U$S 592 millones, obteniendo el 52,3% del mismo a través
de recursos propios. A pesar de que más del 50% del
presupuesto deben aplicarlo a gastos de personal, entre el
15 y el 25 % del presupuesto de Porto Alegre se asigna según
el modelo participativo.
En 1988 el Partido de los Trabajadores resultó ganador
en las elecciones municipales de Porto Alegre y es a partir
del año siguiente que implementa por primera vez el
sistema de Presupuesto Participativo. El resultado de esta
experiencia innovadora, sin precedentes en el mundo entero,
fue tan extraordinariamente positivo que con el correr de
los años fue imitada por muchas ciudades del Brasil
y ha convertido el modelo de gestión presupuestaria
de Porto Alegre en un paradigma a seguir por los gobiernos
locales .
Si bien no existían antecedentes de un proceso presupuestario
de este tipo se tomó como fuente de inspiración
a los principios de la Comuna de París, y a partir
de ellos se diseño una forma de participación
ciudadana completamente novedosa.
El contexto en el cual surgió el presupuesto participativo
tuvo tres características distintivas.
La primera, que ya ha sido mencionada, fue el triunfo de
un partido progresista que tenía un importante arraigo
en determinados sectores sociales y para el cual la implementación
de este mecanismo era una herramienta esencial para poder
cumplir con sus principales lineamientos. Entre estos se destacan
la combinación de herramientas de democracia representativa
con los de participación ciudadana profundizando el
contrato social, la modificación del destino de los
recursos del estado para aplicarlos a mejorar las condiciones
de vida de los estratos sociales más bajos y el alcance
de un desarrollo local de carácter sostenible e integrado.
La segunda característica distintiva fue el grado
de movilidad y organización social importante en algunos
sectores de la sociedad civil del Brasil desde los principios
de la década del ochenta como consecuencia de la lucha
contra el gobierno militar. Estos movimientos estaban organizados
a través de una vasta red de organizaciones sociales
que fueron vitales para la vuelta de la democracia.
Por último, el avance de la globalización disminuyó
el poder de los estados nacionales, obligando a los estados
locales o municipales a hacerse cargo de la resolución
de cuestiones que en otros tiempos estaban a cargo de los
primeros. Los municipios tuvieron que enfrentar una mayor
cantidad de problemas y esto se tradujo en mayores exigencias
hacia sus gobernantes.
Ese fue el marco favorable para el desarrollo de esta metodología
de participación popular. en Porto Alegre.
Sin embargo, su afianzamiento no resultó del todo
sencillo. También surgieron dificultades que impidieron
contar con altos niveles de participación en el primer
año de implementación vinculadas a la falta
de recursos del municipio para poder satisfacer las demandas
de la ciudadanía como consecuencia del elevado nivel
de endeudamiento, a la escasa capacidad de organización
debido a que se trataba de una experiencia inédita
y a la relación política existente entre el
poder estatal y la ciudadanía basada en el intercambio
de favores.
En 1990, aunque la participación siguió siendo
escasa, una importante reforma tributaria le permitió
a la ciudad sanear sus cuentas y recuperar su capacidad de
inversión. El Presupuesto Participativo recibió
un fuerte impulso y se hizo posible la satisfacción
de algunas demandas de la población que pudo apreciar
como sus decisiones eran respetadas y la repercusión
que esto tenía sobre su nivel de vida. El Presupuesto
Participativo se convirtió en un factor de movilización
en todos los barrios de la ciudad.
En Porto Alegre el sistema consiste en una serie de reuniones
en las que se definen las demandas regionales, las prioridades
de la ciudad, los criterios de asignación de fondos
y el programa de inversiones del municipio. Cada una de estas
etapas contiene mecanismos que permiten la circulación
de información entre los autoridades políticas
del gobierno, sus técnicos y profesionales y la ciudadanía.
Para su implementación se dividió a la ciudad
en 16 regiones. Dentro de cada una de ellas la población
define en asambleas zonales el orden de prioridades de la
región. Al mismo tiempo, son esas mismas asambleas
las que eligen a sus representantes.
Desde el año 1994 además de las prioridades
regionales fueron incluidas en el proceso participativo cinco
instancias plenarias temáticas. Los objetivos de su
implementación fueron la ampliación de la participación
hacia otros sectores de la sociedad y el de dar una nueva
dimensión al Presupuesto Participativo profundizando
la discusión sobre la planificación global de
la ciudad, para que de esta forma la población no solo
pueda opinar sobre las inversiones regionales y las obras
estructurales para toda la ciudad, sino también, acerca
de la planificación del gasto a nivel global.
El Alcalde de Porto Alegre entre 1996 y 2000, Raúl
Pont, afirma que las "Asambleas Temáticas"
fueron establecidas para contrarrestar la noción de
que los presupuestos participativos son "solo para los
pobres", ya que es en estas instancias de discusión
sobre los grandes temas de la Ciudad donde participa mayormente
la clase media.
Todo el proceso cuenta con una serie de órganos (Foros,
Asambleas, Consejo), y se lleva a cabo siguiendo un ciclo
de discusión que consta de cuatro fases.
En la primera ronda, entre marzo y abril de cada año,
se reúnen las Asambleas zonales y temáticas
y se hace pública la contabilidad de inversión
aprobada el año anterior para ser desarrollada en el
año en curso, garantizando las posibilidades de control
y crítica y asegurando la trasparencia necesaria para
que el proceso pueda desarrollarse.
En las rondas intermedias, que se desarrollan hasta junio,
se inicia el trabajo para el próximo presupuesto. En
las asambleas zonales se expresan las necesidades y se establecen
prioridades para las que se consideran más urgentes.
En las asambleas temáticas se establecen las primeras
pautas para las políticas sectoriales. El gobierno
pone a disposición de las asambleas toda la información
técnica disponible. Mientras tanto, el Consejo del
Presupuesto Participativo discute las directrices presupuestarias.
En la segunda ronda, entre junio y julio, en base al trabajo
realizado se establecen las prioridades y el gobierno informa
de los gastos corrientes del presupuesto. En esta fase se
eligen los delegados que pueden ser revocados en cualquier
momento por el órgano que los eligió y, a través
de ellos, se constituyen los Foros de Delegados Regionales
y Temáticos, como así también el nuevo
Consejo Municipal del Plan de Gobierno y Presupuesto, del
que también participan representantes del Sindicato
de Empleados Municipales y de la Unión de Asociaciones
de Vecinos de Porto Alegre.
Entre julio y diciembre, previo haberse reunido con el Consejo,
el Poder Ejecutivo elabora la propuesta de presupuesto que
se remite al Consejo para su discusión y posterior
aprobación en la Cámara Municipal.
Los primeros meses del año se destinan a la discusión
de los lineamientos y criterios que regirán el proceso
del año entrante.
Los resultados de la implementación del presupuesto
participativo fueron tan favorables que el Presupuesto Participativo
de Porto Alegre fue seleccionado por el Programa de Gestión
Urbana de la ONU - Sección para América Latina
- como una de las veintidós mejores prácticas
de gestión pública. Además, dijo el Comité
Técnico de la ONU - HABITAT II, que eligió la
experiencia del Presupuesto Participativo como una de las
42 mejores prácticas de gestión urbana del mundo.
Su aplicación permitió mejorar las obras de
saneamiento básicas como el incremento del suministro
de agua, entre 1990 y 1995, de 400.000 a 465.000 familias,
y para 1996 el abastecimiento de agua aprovisionaba al 98%
de las familias de la ciudad. Respecto al alcantarillado el
incremento en el sistema pasó de alcanzar al 46% de
las familias en 1989 al 85% en 1996. Otras importantes mejoras
son el asfaltado de 25 a 30 km por año, se duplicó
el número de estudiantes entre 1989 y 1996, y también
se lograron grandes avances en alumbrado público, urbanización
de zonas, regularización de títulos de propiedad,
educación y viviendas.
Pero sus resultados no han sido sólo numéricos.
La implementación de este sistema permitió,
además, incentivar la participación de la sociedad
en las cuestiones de gobierno, capacitar a la ciudadanía
acerca de nuevas formas de participación democrática,
formar a los delegados de los miembros de la comunidad sobre
las técnicas presupuestarias y mejorar sensiblemente
los mecanismos de control ciudadano sobre el gobierno.
En los primeros dos años la concurrencia de la población
a las reuniones no fue demasiado importante, pero a partir
del año 1991 la participación fue creciendo
rápidamente. Para el año 2000 cerca de 30.000
personas participaron de los encuentros y rondas dirigidas
y coordinadas por el municipio. Si sumamos a la enorme cantidad
de asociaciones y organizaciones intermedias que participan
de la discusión del presupuesto el número de
personas involucradas es mayor a 100.000.
El Presupuesto Participativo demostró que la administración
transparente y democrática de los recursos es una forma
efectiva de evitar la corrupción y la mala utilización
de los fondos públicos. La experiencia de la ciudad
de Porto Alegre ha demostrado que a través de ella,
el gasto puede ser eficaz donde tiene que serlo.
En la actualidad más de 70 ciudades del Brasil, como
por ejemplo Belo Horizonte, Paracaiba, Santo André,
Diadema, Jaboticabal, Santos, Sao Bernardo, Itaparinga y Betim
utilizan el sistema de Presupuesto Participativo. En este
mismo sentido cabe entonces mencionar el ejemplo de diversas
iniciativas que se están llevando adelante en diferentes
lugares del mundo como Bolonia (Italia), Barcelona (España),
Yokohama (Japón), Ontario (Canadá), Pórtland,
Alburn y el Estado de Minessota ( EE.UU.), Asunción
(Paraguay), Colón (Panamá), Resistencia (Argentina),
La Plata (Argentina). Montevideo (Uruguay) y Estelí
(Nicaragua).
Entre ellas, se destaca la experiencia de Montevideo que,
si bien exhibe un sistema interesante, todavía no alcanza
los niveles de participación de Porto Alegre.
En la capital uruguaya se desarrolló un plan Quinquenal
en cuyo diseño trabajaron los ciudadanos, como también
lo hicieron en la fijación de prioridades para el año
siguiente, característica está última
que suele ser común a los proyectos de este tipo en
todas la ciudades en las que se lleva a cabo, independientemente
del grado de participación con que cuenten en cada
caso.
Por eso, a grandes rasgos puede decirse que las distintas
experiencias presentan como denominador común el planteo
de la elaboración de un catálogo o rango de
prioridades. Sin embargo existen entre ellas diferentes abordajes
según las particularidades de la sociedad en la que
se implementan.
De tal forma, en los países desarrollados, con sociedades
ricas y constituidas por ciudadanos más familiarizados
con la democracia, con gobiernos dotados de burocracias profesionales,
la concepción que rige las innovaciones es básicamente
liberal: el objetivo es asignar mejor los recursos, evitando
el derroche y la corrupción.
En Latinoamérica en general y, particularmente en
Brasil, país pobre, con una alta concentración
del ingreso, recientemente salido de una dictadura militar
y luchando con el problema del subdesarrollo, el argumento
central en defensa de nuevas maneras de gestionar los recursos
públicos recae y debe recaer sobre la importancia de
desprivatizar el Estado y reformular las prácticas
del poder público, introduciendo prácticas democráticas
y transparentes en una relación históricamente
populista y paternalista.
La idea misma de dotar al Presupuesto de carácter
participativo, encaja con facilidad en los discursos modernizantes,
sean de derecha o de izquierda . Sin embargo, la determinación
de lo que será o no objeto de participación
popular, cambiará radicalmente según cual sea
el objetivo que se persiga. Si se busca hacer más eficiente
las relaciones con los contribuyentes-consumidores de bienes
públicos, el proceso se verá reducido a un mero
mecanismo de Accountability (control de cuentas). Si en cambio,
en un ángulo diametralmente opuesto, su finalidad es
la de politizar y movilizar a la sociedad, formar una ciudadanía
activa protagonista de su propio porvenir y generar mecanismos
de solidaridad y redistribución de la riqueza, el Presupuesto
Participativo se vuelve un instrumento de democratización
del Estado.
En este último sentido, en nuestro país la
experiencia ha venido siendo profundamente estudiada e impulsada,
fundamentalmente desde las organizaciones populares, como
una forma de consolidar estrategias de poder local a nivel
de los distintos municipios. Tal es el caso de la Central
de Trabajadores Argentinos (CTA) que promovió la formación
del Movimiento por el Presupuesto Participativo con un criterio
multisectorial y plural en lo partidario. Este movimiento
logró afirmarse en la Ciudad de Buenos Aires y es así
que el 14 de octubre de 1999 la Multisectorial de Organizaciones
Sociales por la Democracia Participativa ingresa su proyecto
de Ley de Presupuesto Participativo, utilizando como fundamento
principal el modelo de Porto Alegre.
En nuestra Ciudad, se desarrollaron diversos talleres, seminarios
y encuentros a través de los cuales se dio impulso
al Presupuesto Participativo.
En las últimas semanas se dio a conocer la experiencia
piloto que se está desarrollando en el Centro de Gestión
y Participación Vecinal Nº 13. La misma fue inaugurada
por medio de un Seminario presidido por Raúl Pont (exprefeito
de Porto Alegre) y por autoridades de la Ciudad. Posteriormente
se realizó una reunión plenaria en la que se
formó el Grupo Promotor encargado de la coordinación
los Grupos Temáticos y las Reuniones Zonales.
Las características del proyecto que presento
El proceso de Presupuesto Participativo que vengo a proponer
a través del presente proyecto busca ampliar y canalizar
la participación ciudadana en un tema trascendente
como es la elaboración de propuestas y la definición
de prioridades de la gestión pública.
El apoyo del Gobierno de la Ciudad a este tipo de iniciativas,
los cimientos de organización ciudadana, lo equilibrado
de la situación financiera local, la capacidad de generar
ingresos propios y la consiguiente autonomía de gasto,
son todos factores que favorecen la implementación
de este proceso en Buenos Aires.
En la experiencia de Porto Alegre no existe una ley que regule
el proceso presupuestario descripto. La única mención
al carácter participativo del presupuesto en el párrafo
primero del artículo Nº 116 de la Ley Orgánica
Municipal, que dice textualmente: "Queda garantizada
la participación de la comunidad, a partir de las regiones
del Municipio, en las etapas de elaboración y acompañamiento
del plan plurianual, de las directrices presupuestarias y
del presupuesto anual". En lo demás fue el fruto
de la autorregulación y ha ido perfeccionándose
con el paso del tiempo a través de las revisiones que
se concretaron en el marco mismo del proceso a través
de sus propias instancias.
Esto ha llevado a muchos a dudar de la necesidad de una ley
que regule los mecanismos del Presupuesto Participativo. Sin
embargo, y en consonancia con la norma constitucional, creemos
que una ley que establezca los lineamientos básicos
del proceso y fije las pautas mínimas capaces de garantizar
una participación amplia y plural, permitirá
tornar el operativo el derecho de que la Constitución
de la Ciudad consagra, librándolo de los avatares del
gobierno de turno y reservando a la población participante
en las distintas instancias, la reglamentación de las
cuestiones concretas para ponerlo en práctica.
Este es el criterio que ha guiado a la iniciativa que presento,
la que promueve la participación de los habitantes
de Buenos Aires desde dos aspectos. El primero, a través
de la elaboración de propuestas para el presupuesto
comunal y, el segundo, respecto a las políticas sectoriales
del presupuesto general en aquellas materias que involucran
al conjunto de la Ciudad.
De tal forma, se pretende extender la participación
de la gente más allá de lo barrial, comunal
o territorial generando un instrumento capaz de involucrar
a los distintos sectores sociales como sindicalistas, comerciantes,
empresarios, educadores, estudiantes y ecologistas, entre
otros, e invitando a reflexionar acerca de la Ciudad como
un todo.
La participación se organiza, en el proyecto, a través
de tres instancias que se dan tanto a en la discusión
sobre los aspectos comunales como en los temáticos.
Se trata de las Asambleas Populares, el Plenario y los Foros
y, finalmente, el Consejo de Presupuesto Participativo de
la Ciudad que tendrá a su cargo la responsabilidad
de elaborar la propuesta definitiva a elevar al Poder Ejecutivo.
Serán quienes participen en cada una de ellas aquellos
que tendrán la facultad de elegir a sus representantes
ante las demás instancias y ante el Gobierno de la
Ciudad.
El objetivo principal del proceso de presupuesto participativo
es la promoción de la participación popular
y el debate de la población en el planeamiento, proposición
y control del Presupuesto de la Ciudad. La ciudadanía,
consciente de que el Presupuesto se compone de recursos limitados,
participa por intermedio del estableciendo de prioridades
en la asignación del mismo.
En el debate sobre la asignación de prioridades en
el presupuesto comunal los delegados electos en la Asamblea
Popular Comunal se incorporan al Organismo Consultivo previsto
en el artículo 131 de la Constitución de la
Ciudad que es el responsable de definir las prioridades para
su presupuesto y realizar el seguimiento y control del Presupuesto
en ejecución, conforme la norma constitucional.
La tareas de seguimiento y control constituyen la base para
la elaboración del Presupuesto Comunal para el año
siguiente y resultan una forma directa de control por parte
de la ciudadanía sobre la ejecución del Presupuesto
que lleva a cabo el Ejecutivo.
Asimismo, a los efectos de abrir a la voluntad popular la
discusión de la asignación presupuestaria entre
las distintas Comunas, con las previsiones establecidas en
el artículo 129 de la Constitución de la Ciudad,
se establece una instancia de debate intercomunal.
En lo que respecta al Presupuesto Participativo para las áreas
temáticas, la discusión se dará primero
en las Asambleas Populares Temáticas y después
en los Foros Temáticos de la Ciudad integrados por
delegados elegidos por cada una de ellas.
Los Foros Temáticos y el Plenario Intercomunal deberán,
a su vez, elegir consejeros, que conformarán el Consejo
de Presupuesto Participativo de la Ciudad conjuntamente con
representantes del Gobierno. Estos últimos a diferencia
del resto se caracterizarán por participar con voz
pero no tendrán derecho a voto, en virtud de que es
el Ejecutivo quien finalmente elabora el proyecto de Presupuesto
a presentar en la Legislatura de la Ciudad.
La principal función de este Consejo será
la de coordinar el proceso de Presupuesto Participativo y
será también el encargado de elaborar el Reglamento,
el que podrá modificarse anualmente en base a la experiencia
del año anterior.
El Consejo será además, el encargado de sistematizar,
discutir, evaluar y elevar al Poder Ejecutivo las propuestas
y prioridades definidas a través de la participación
popular.
Además, tendrá entre sus funciones la de discutir
y emitir opinión sobre el proyecto que le envía
el Poder Ejecutivo que se incorporará como un capítulo
del Mensaje de presentación del Proyecto de Ley de
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
y el Plan de Inversiones Públicas.
Deberá también evaluar y realizar un seguimiento
de la ejecución del Presupuesto en curso y fiscalizar
el cumplimiento del Plan de Inversiones, al tiempo que deberá
emitir opinión sobre las desviaciones presupuestarias,
en el caso de que las haya.
Para facilitar el proceso el Poder Ejecutivo deberá
garantizar la difusión masiva de las reuniones y actividades
que se realicen en el marco de las distintas instancias y
poner a disposición de los participantes la información
necesaria en forma adecuada, oportuna y accesible.
Los principios que entiendo deben guiar al proceso de Presupuesto
Participativo, hacen indispensable la disposición de
mecanismos tendientes a asegurar la plena integración
en el mismo de las personas con necesidades especiales, y
así lo prevé este proyecto.
A su vez, pone particular énfasis en la capacitación
de los diversos actores intervinientes. El Poder Ejecutivo
de la Ciudad y el Comunal, deberán brindar capacitación
a través de la organización y dictado de cursos,
seminarios y charlas. Además, cuando se estime necesario
por la complejidad de los temas o cuando los que se traten
sean demasiado técnicos, se podrá requerir asistencia
técnica.
Convencidos de que la implementación de este proceso
debe estar acompañada de un profundo cambio cultural
y el trascendente papel que en tal sentido desempeña
la escuela y, particularmente la escuela pública, es
que también propongo la enseñanza de los lineamientos
básicos y los principios rectores del Presupuesto Participativo
en los distintos establecimientos educativos de nivel primario
y secundario, dependientes del Gobierno de la Ciudad.
Las Diputadas y Diputados de la Ciudad debemos acompañar
este proceso, acercando sugerencias y recogiendo las que los
ciudadanos tienen para hacernos. Por eso, se prevé
la posibilidad de realizar reuniones especiales ante las distintas
instancias con ese objeto.
Señora Presidenta, en tiempos de crisis económica,
política e institucional como el que hoy nos toca atravesar,
la implementación de herramientas de participación
ciudadana como la que regula esta iniciativa en el marco de
la Constitución de la Ciudad, resulta trascendente
para la recomposición de los lazos entre la sociedad
civil y el gobierno.
Es por eso y por todo lo expuesto que solicito la aprobación
del presente proyecto.
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