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Documentos

La experiencia de Porto Alegre

Documento de análisis de la experiencia

Seminario dictado por Raúl Pont (Ex Prefeito de Porto Alegre, 1997-2001)

Proyecto de Ley para la Ciudad de Buenos Aires
(Presentado por el Diputado Roy Cortina)

Fundamentos del Proyecto

Articulado del Proyecto

Cuadro sinóptico

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Documentos varios

El Presupuesto Participativo en la Ciudad de Buenos Aires

Socialistas por el Presupuesto Participativo

 

Propuesta legislativa
Proyecto de Ley del Diputado de la Ciudad ROY CORTINA
Presentado el 5 de noviembre de 2001

FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

Los notables resultados de la experiencia de Porto Alegre y el mandato de la Constitución de nuestra Ciudad hacen imperioso que esta Legislatura se aboque al tratamiento de una ley que reglamente el proceso de Presupuesto Participativo.

En las páginas que siguen he tratado de sintetizar las razones que me llevaron a encarar el estudio de este mecanismo de participación ciudadana y a elaborar el presente proyecto.

Hacia una democracia participativa

A comienzos de la década del ochenta comenzó a manifestarse la crisis por la que atraviesan actualmente las instituciones democráticas tradicionales, crisis que se ve reflejada en los bajos índices de credibilidad que las mismas tienen y en los escasos niveles de participación ciudadana registrados en ellas durante los últimos años.

La sociedad post-industrial, surgida a partir del desmantelamiento del Estado de bienestar por parte del paradigma neoliberal que se ve concretado en las dos últimas décadas del siglo XX, dio lugar a un nuevo modelo económico y social caracterizado por fuertes retrocesos sociales, una pérdida de poder efectivo de las instituciones políticas y una menor capacidad de integración social y participación de los sectores sociales populares en las democracias actuales.

Las sociedades modernas experimentan sustanciales procesos de transformación social. Estas modificaciones han dado lugar a la aparición de nuevas formas de producción y organización del trabajo, nuevas estructuras de poder, nuevas formas de comunicación social, nuevos sistemas de estratificación social, nuevas realidades económicas y políticas de carácter supranacional, nuevas culturas cívicas, nuevos protagonistas sociales y políticos y nuevas problemáticas sociopolíticas (desempleo estructural, marginación social, decadencia urbana).

De la rigidez que caracteriza a las instituciones democráticas tradicionales para poder satisfacer estas nuevas demandas y de su falta de adaptación a esta nueva sociedad, resulta el incremento del descrédito que tienen y determina como característica central de estos tiempos, la exigencia de una mayor calidad democrática y la profundización de todos los mecanismos e instancias de participación.

Esta pérdida de influencia de las instituciones trajo como consecuencia un fuerte estado de apatía y desmovilización en la mayoría de los países, que fue aprovechada por los sectores más poderosos para imponer en las políticas de estado una orientación acorde a sus intereses sectoriales y no a los de la sociedad en general.

El actual sistema de representación se ha tornado insuficiente para afrontar la crisis actual. Así, mientras que la mayoría de la población vota cada dos o tres años en el mejor de los casos, existen actores económicos y financieros que "votan" todos los días condicionando el accionar de los gobiernos y definiendo sus políticas.

Frente a tal situación, la alternativa progresista a la crisis no puede ser otra que la de ampliar la democracia representativa avanzando hacia una democracia participativa. De esta manera se da respuesta a los embates autoritarios que persiguen la restricción de los ámbitos de actuación de la política, a través de una crítica a la partidocracia, a la autonomía de la clase política y desde luego a lo que se ha dado en llamar "democracia delegativa" o "democracia como equilibrio" en donde la participación se limita a la elección entre postulantes que luego realizan su voluntad personal.

Esa ampliación, a través de la participación ciudadana, debe abordar al menos cuatro aspectos:

Primero: La democratización del estado y del sistema político.

Segundo: La descentralización, es decir el traspaso de competencias o capacidades de decisión sobre distintas materias.

Tercero: El mejoramiento de las políticas sociales de superación de la desigualdad y la pobreza.

Cuarto: La modernización de la administración, para lograr el traspaso de una cultura de súbditos a una de ciudadanos titulares de derechos.

Para articular estas nuevas formas de participación, resulta indispensable que, en su conciencia, los hombres y las mujeres dejen de verse a sí mismos como consumidores y pasen a comportarse como personas que ejercen activamente sus derechos y desarrollan sus propias capacidades.

La noción de "participación ciudadana" o "participación popular" permite abarcar una cantidad de formas de participación de distinto tipo y origen, con la utilización de diferentes medios, a través de diferentes órganos y con distintos objetivos y funciones.

No obstante, dichas expresiones y la proposición misma de participación posee una carga valorativa importante que torna necesaria la discusión acerca de cuales son las mejores maneras de impulsarla para que el ciudadano, además de la dimensión de elector, se identifique con la de vecino, contribuyente, consumidor y generador de "opinión publica", involucrándose en las distintas esferas en las que se definen las políticas que lo afectan.

Desde el enfoque tradicional se considera como ciudadanos a aquellos miembros de una comunidad que tienen garantizados sus derechos. Así considerado este concepto puede tildarse de excluyente y lleva implícita una importante carga de pasividad. La ciudadanía es algo que se otorga y el ciudadano es aquel cuyos derechos gozan de protección.

Los excluidos que carecen de posibilidades de reinsertarse en la sociedad moderna, no poseen los recursos de acción colectiva de los que sí disponen los incluidos para traducir sus demandas en derechos. Las serias dificultades que enfrentan se traducen en falta de organización y disgregación social.

Este nuevo escenario requiere la ampliación de la esfera de derechos de la comunidad y el obligar al Estado a diseñar políticas que permitan incluir en el sistema económico y social a aquellos que se encuentran fuera de él. Para lograrlo se hace necesario construir un nuevo tipo de ciudadanía, una ciudadanía más activa y responsable que permita movilizar a la sociedad civil y ampliar su participación en las decisiones políticas del Estado.

Formar ciudadanos conscientes de sus derechos y de su poder también es una competencia de los gobiernos locales; un nuevo tipo de ciudadano que sea participante, crítico, que se diferencie del ciudadano tradicional que sólo se manifiesta a través de demandas aisladas.

El Presupuesto Participativo

En el camino de alentar nuevas modalidades de participación ciudadana, en los últimos años se han impulsado en nuestro país, tanto desde el Estado como desde la sociedad, propuestas sobre descentralización del poder público, celebración de referéndums, instancia de iniciativa popular, audiencias publicas y otros procedimientos que podemos definir como de democracia semidirecta o de control del poder del Estado.

Respecto a nuestra Ciudad, la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y la sanción de su propia Constitución en 1996, han sido fundamentales. No sólo determinaron un nuevo status jurídico para Buenos Aires, sino que marcaron el inicio de un importante proceso tendiente a modificar la forma de relacionarse entre el gobierno local y la gente.

Las bases las sentó la propia Constitución de la Ciudad, al regular en su Título Segundo, "Derechos Políticos y Participación Ciudadana", diferentes mecanismos de participación que le otorgan a los porteños un nuevo protagonismo en la vida democrática.

Sin embargo, el aspecto más audaz es el previsto por el artículo 52 de la Constitución, que establece el carácter participativo del presupuesto y reserva a una ley la determinación de los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos. La participación de la población en la definición del Presupuesto porteño abre las puertas de la gestión pública a la gente, "ciudadaniza" el espacio público, genera mecanismos de control, reduce las posibilidades de corrupción e importa la creación de un instrumento capaz de redistribuir la riqueza mediante criterios de solidaridad que tienen en cuenta las prioridades reales de los habitantes de la Ciudad.

Sin embargo, este concepto no es nuevo. La noción de Presupuesto Participativo surge en la última década del siglo XX en la ciudad brasileña de Porto Alegre, capital del Estado de Río Grande do Sul.

Porto Alegre cuenta con una población aproximada de 1.300.000 habitantes y está situada en el centro de una región metropolitana que, con 27 municipios, alcanza a los 3,5 millones de habitantes aproximadamente. Tiene un Producto Bruto Interno de U$S 8000 millones y un presupuesto de U$S 592 millones, obteniendo el 52,3% del mismo a través de recursos propios. A pesar de que más del 50% del presupuesto deben aplicarlo a gastos de personal, entre el 15 y el 25 % del presupuesto de Porto Alegre se asigna según el modelo participativo.

En 1988 el Partido de los Trabajadores resultó ganador en las elecciones municipales de Porto Alegre y es a partir del año siguiente que implementa por primera vez el sistema de Presupuesto Participativo. El resultado de esta experiencia innovadora, sin precedentes en el mundo entero, fue tan extraordinariamente positivo que con el correr de los años fue imitada por muchas ciudades del Brasil y ha convertido el modelo de gestión presupuestaria de Porto Alegre en un paradigma a seguir por los gobiernos locales .

Si bien no existían antecedentes de un proceso presupuestario de este tipo se tomó como fuente de inspiración a los principios de la Comuna de París, y a partir de ellos se diseño una forma de participación ciudadana completamente novedosa.

El contexto en el cual surgió el presupuesto participativo tuvo tres características distintivas.

La primera, que ya ha sido mencionada, fue el triunfo de un partido progresista que tenía un importante arraigo en determinados sectores sociales y para el cual la implementación de este mecanismo era una herramienta esencial para poder cumplir con sus principales lineamientos. Entre estos se destacan la combinación de herramientas de democracia representativa con los de participación ciudadana profundizando el contrato social, la modificación del destino de los recursos del estado para aplicarlos a mejorar las condiciones de vida de los estratos sociales más bajos y el alcance de un desarrollo local de carácter sostenible e integrado.

La segunda característica distintiva fue el grado de movilidad y organización social importante en algunos sectores de la sociedad civil del Brasil desde los principios de la década del ochenta como consecuencia de la lucha contra el gobierno militar. Estos movimientos estaban organizados a través de una vasta red de organizaciones sociales que fueron vitales para la vuelta de la democracia.

Por último, el avance de la globalización disminuyó el poder de los estados nacionales, obligando a los estados locales o municipales a hacerse cargo de la resolución de cuestiones que en otros tiempos estaban a cargo de los primeros. Los municipios tuvieron que enfrentar una mayor cantidad de problemas y esto se tradujo en mayores exigencias hacia sus gobernantes.

Ese fue el marco favorable para el desarrollo de esta metodología de participación popular. en Porto Alegre.

Sin embargo, su afianzamiento no resultó del todo sencillo. También surgieron dificultades que impidieron contar con altos niveles de participación en el primer año de implementación vinculadas a la falta de recursos del municipio para poder satisfacer las demandas de la ciudadanía como consecuencia del elevado nivel de endeudamiento, a la escasa capacidad de organización debido a que se trataba de una experiencia inédita y a la relación política existente entre el poder estatal y la ciudadanía basada en el intercambio de favores.

En 1990, aunque la participación siguió siendo escasa, una importante reforma tributaria le permitió a la ciudad sanear sus cuentas y recuperar su capacidad de inversión. El Presupuesto Participativo recibió un fuerte impulso y se hizo posible la satisfacción de algunas demandas de la población que pudo apreciar como sus decisiones eran respetadas y la repercusión que esto tenía sobre su nivel de vida. El Presupuesto Participativo se convirtió en un factor de movilización en todos los barrios de la ciudad.

En Porto Alegre el sistema consiste en una serie de reuniones en las que se definen las demandas regionales, las prioridades de la ciudad, los criterios de asignación de fondos y el programa de inversiones del municipio. Cada una de estas etapas contiene mecanismos que permiten la circulación de información entre los autoridades políticas del gobierno, sus técnicos y profesionales y la ciudadanía.

Para su implementación se dividió a la ciudad en 16 regiones. Dentro de cada una de ellas la población define en asambleas zonales el orden de prioridades de la región. Al mismo tiempo, son esas mismas asambleas las que eligen a sus representantes.

Desde el año 1994 además de las prioridades regionales fueron incluidas en el proceso participativo cinco instancias plenarias temáticas. Los objetivos de su implementación fueron la ampliación de la participación hacia otros sectores de la sociedad y el de dar una nueva dimensión al Presupuesto Participativo profundizando la discusión sobre la planificación global de la ciudad, para que de esta forma la población no solo pueda opinar sobre las inversiones regionales y las obras estructurales para toda la ciudad, sino también, acerca de la planificación del gasto a nivel global.

El Alcalde de Porto Alegre entre 1996 y 2000, Raúl Pont, afirma que las "Asambleas Temáticas" fueron establecidas para contrarrestar la noción de que los presupuestos participativos son "solo para los pobres", ya que es en estas instancias de discusión sobre los grandes temas de la Ciudad donde participa mayormente la clase media.

Todo el proceso cuenta con una serie de órganos (Foros, Asambleas, Consejo), y se lleva a cabo siguiendo un ciclo de discusión que consta de cuatro fases.

En la primera ronda, entre marzo y abril de cada año, se reúnen las Asambleas zonales y temáticas y se hace pública la contabilidad de inversión aprobada el año anterior para ser desarrollada en el año en curso, garantizando las posibilidades de control y crítica y asegurando la trasparencia necesaria para que el proceso pueda desarrollarse.

En las rondas intermedias, que se desarrollan hasta junio, se inicia el trabajo para el próximo presupuesto. En las asambleas zonales se expresan las necesidades y se establecen prioridades para las que se consideran más urgentes. En las asambleas temáticas se establecen las primeras pautas para las políticas sectoriales. El gobierno pone a disposición de las asambleas toda la información técnica disponible. Mientras tanto, el Consejo del Presupuesto Participativo discute las directrices presupuestarias.

En la segunda ronda, entre junio y julio, en base al trabajo realizado se establecen las prioridades y el gobierno informa de los gastos corrientes del presupuesto. En esta fase se eligen los delegados que pueden ser revocados en cualquier momento por el órgano que los eligió y, a través de ellos, se constituyen los Foros de Delegados Regionales y Temáticos, como así también el nuevo Consejo Municipal del Plan de Gobierno y Presupuesto, del que también participan representantes del Sindicato de Empleados Municipales y de la Unión de Asociaciones de Vecinos de Porto Alegre.

Entre julio y diciembre, previo haberse reunido con el Consejo, el Poder Ejecutivo elabora la propuesta de presupuesto que se remite al Consejo para su discusión y posterior aprobación en la Cámara Municipal.

Los primeros meses del año se destinan a la discusión de los lineamientos y criterios que regirán el proceso del año entrante.

Los resultados de la implementación del presupuesto participativo fueron tan favorables que el Presupuesto Participativo de Porto Alegre fue seleccionado por el Programa de Gestión Urbana de la ONU - Sección para América Latina - como una de las veintidós mejores prácticas de gestión pública. Además, dijo el Comité Técnico de la ONU - HABITAT II, que eligió la experiencia del Presupuesto Participativo como una de las 42 mejores prácticas de gestión urbana del mundo.

Su aplicación permitió mejorar las obras de saneamiento básicas como el incremento del suministro de agua, entre 1990 y 1995, de 400.000 a 465.000 familias, y para 1996 el abastecimiento de agua aprovisionaba al 98% de las familias de la ciudad. Respecto al alcantarillado el incremento en el sistema pasó de alcanzar al 46% de las familias en 1989 al 85% en 1996. Otras importantes mejoras son el asfaltado de 25 a 30 km por año, se duplicó el número de estudiantes entre 1989 y 1996, y también se lograron grandes avances en alumbrado público, urbanización de zonas, regularización de títulos de propiedad, educación y viviendas.

Pero sus resultados no han sido sólo numéricos. La implementación de este sistema permitió, además, incentivar la participación de la sociedad en las cuestiones de gobierno, capacitar a la ciudadanía acerca de nuevas formas de participación democrática, formar a los delegados de los miembros de la comunidad sobre las técnicas presupuestarias y mejorar sensiblemente los mecanismos de control ciudadano sobre el gobierno.

En los primeros dos años la concurrencia de la población a las reuniones no fue demasiado importante, pero a partir del año 1991 la participación fue creciendo rápidamente. Para el año 2000 cerca de 30.000 personas participaron de los encuentros y rondas dirigidas y coordinadas por el municipio. Si sumamos a la enorme cantidad de asociaciones y organizaciones intermedias que participan de la discusión del presupuesto el número de personas involucradas es mayor a 100.000.

El Presupuesto Participativo demostró que la administración transparente y democrática de los recursos es una forma efectiva de evitar la corrupción y la mala utilización de los fondos públicos. La experiencia de la ciudad de Porto Alegre ha demostrado que a través de ella, el gasto puede ser eficaz donde tiene que serlo.

En la actualidad más de 70 ciudades del Brasil, como por ejemplo Belo Horizonte, Paracaiba, Santo André, Diadema, Jaboticabal, Santos, Sao Bernardo, Itaparinga y Betim utilizan el sistema de Presupuesto Participativo. En este mismo sentido cabe entonces mencionar el ejemplo de diversas iniciativas que se están llevando adelante en diferentes lugares del mundo como Bolonia (Italia), Barcelona (España), Yokohama (Japón), Ontario (Canadá), Pórtland, Alburn y el Estado de Minessota ( EE.UU.), Asunción (Paraguay), Colón (Panamá), Resistencia (Argentina), La Plata (Argentina). Montevideo (Uruguay) y Estelí (Nicaragua).

Entre ellas, se destaca la experiencia de Montevideo que, si bien exhibe un sistema interesante, todavía no alcanza los niveles de participación de Porto Alegre.

En la capital uruguaya se desarrolló un plan Quinquenal en cuyo diseño trabajaron los ciudadanos, como también lo hicieron en la fijación de prioridades para el año siguiente, característica está última que suele ser común a los proyectos de este tipo en todas la ciudades en las que se lleva a cabo, independientemente del grado de participación con que cuenten en cada caso.

Por eso, a grandes rasgos puede decirse que las distintas experiencias presentan como denominador común el planteo de la elaboración de un catálogo o rango de prioridades. Sin embargo existen entre ellas diferentes abordajes según las particularidades de la sociedad en la que se implementan.

De tal forma, en los países desarrollados, con sociedades ricas y constituidas por ciudadanos más familiarizados con la democracia, con gobiernos dotados de burocracias profesionales, la concepción que rige las innovaciones es básicamente liberal: el objetivo es asignar mejor los recursos, evitando el derroche y la corrupción.

En Latinoamérica en general y, particularmente en Brasil, país pobre, con una alta concentración del ingreso, recientemente salido de una dictadura militar y luchando con el problema del subdesarrollo, el argumento central en defensa de nuevas maneras de gestionar los recursos públicos recae y debe recaer sobre la importancia de desprivatizar el Estado y reformular las prácticas del poder público, introduciendo prácticas democráticas y transparentes en una relación históricamente populista y paternalista.

La idea misma de dotar al Presupuesto de carácter participativo, encaja con facilidad en los discursos modernizantes, sean de derecha o de izquierda . Sin embargo, la determinación de lo que será o no objeto de participación popular, cambiará radicalmente según cual sea el objetivo que se persiga. Si se busca hacer más eficiente las relaciones con los contribuyentes-consumidores de bienes públicos, el proceso se verá reducido a un mero mecanismo de Accountability (control de cuentas). Si en cambio, en un ángulo diametralmente opuesto, su finalidad es la de politizar y movilizar a la sociedad, formar una ciudadanía activa protagonista de su propio porvenir y generar mecanismos de solidaridad y redistribución de la riqueza, el Presupuesto Participativo se vuelve un instrumento de democratización del Estado.

En este último sentido, en nuestro país la experiencia ha venido siendo profundamente estudiada e impulsada, fundamentalmente desde las organizaciones populares, como una forma de consolidar estrategias de poder local a nivel de los distintos municipios. Tal es el caso de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que promovió la formación del Movimiento por el Presupuesto Participativo con un criterio multisectorial y plural en lo partidario. Este movimiento logró afirmarse en la Ciudad de Buenos Aires y es así que el 14 de octubre de 1999 la Multisectorial de Organizaciones Sociales por la Democracia Participativa ingresa su proyecto de Ley de Presupuesto Participativo, utilizando como fundamento principal el modelo de Porto Alegre.

En nuestra Ciudad, se desarrollaron diversos talleres, seminarios y encuentros a través de los cuales se dio impulso al Presupuesto Participativo.

En las últimas semanas se dio a conocer la experiencia piloto que se está desarrollando en el Centro de Gestión y Participación Vecinal Nº 13. La misma fue inaugurada por medio de un Seminario presidido por Raúl Pont (exprefeito de Porto Alegre) y por autoridades de la Ciudad. Posteriormente se realizó una reunión plenaria en la que se formó el Grupo Promotor encargado de la coordinación los Grupos Temáticos y las Reuniones Zonales.

Las características del proyecto que presento

El proceso de Presupuesto Participativo que vengo a proponer a través del presente proyecto busca ampliar y canalizar la participación ciudadana en un tema trascendente como es la elaboración de propuestas y la definición de prioridades de la gestión pública.

El apoyo del Gobierno de la Ciudad a este tipo de iniciativas, los cimientos de organización ciudadana, lo equilibrado de la situación financiera local, la capacidad de generar ingresos propios y la consiguiente autonomía de gasto, son todos factores que favorecen la implementación de este proceso en Buenos Aires.

En la experiencia de Porto Alegre no existe una ley que regule el proceso presupuestario descripto. La única mención al carácter participativo del presupuesto en el párrafo primero del artículo Nº 116 de la Ley Orgánica Municipal, que dice textualmente: "Queda garantizada la participación de la comunidad, a partir de las regiones del Municipio, en las etapas de elaboración y acompañamiento del plan plurianual, de las directrices presupuestarias y del presupuesto anual". En lo demás fue el fruto de la autorregulación y ha ido perfeccionándose con el paso del tiempo a través de las revisiones que se concretaron en el marco mismo del proceso a través de sus propias instancias.

Esto ha llevado a muchos a dudar de la necesidad de una ley que regule los mecanismos del Presupuesto Participativo. Sin embargo, y en consonancia con la norma constitucional, creemos que una ley que establezca los lineamientos básicos del proceso y fije las pautas mínimas capaces de garantizar una participación amplia y plural, permitirá tornar el operativo el derecho de que la Constitución de la Ciudad consagra, librándolo de los avatares del gobierno de turno y reservando a la población participante en las distintas instancias, la reglamentación de las cuestiones concretas para ponerlo en práctica.

Este es el criterio que ha guiado a la iniciativa que presento, la que promueve la participación de los habitantes de Buenos Aires desde dos aspectos. El primero, a través de la elaboración de propuestas para el presupuesto comunal y, el segundo, respecto a las políticas sectoriales del presupuesto general en aquellas materias que involucran al conjunto de la Ciudad.

De tal forma, se pretende extender la participación de la gente más allá de lo barrial, comunal o territorial generando un instrumento capaz de involucrar a los distintos sectores sociales como sindicalistas, comerciantes, empresarios, educadores, estudiantes y ecologistas, entre otros, e invitando a reflexionar acerca de la Ciudad como un todo.

La participación se organiza, en el proyecto, a través de tres instancias que se dan tanto a en la discusión sobre los aspectos comunales como en los temáticos. Se trata de las Asambleas Populares, el Plenario y los Foros y, finalmente, el Consejo de Presupuesto Participativo de la Ciudad que tendrá a su cargo la responsabilidad de elaborar la propuesta definitiva a elevar al Poder Ejecutivo. Serán quienes participen en cada una de ellas aquellos que tendrán la facultad de elegir a sus representantes ante las demás instancias y ante el Gobierno de la Ciudad.

El objetivo principal del proceso de presupuesto participativo es la promoción de la participación popular y el debate de la población en el planeamiento, proposición y control del Presupuesto de la Ciudad. La ciudadanía, consciente de que el Presupuesto se compone de recursos limitados, participa por intermedio del estableciendo de prioridades en la asignación del mismo.

En el debate sobre la asignación de prioridades en el presupuesto comunal los delegados electos en la Asamblea Popular Comunal se incorporan al Organismo Consultivo previsto en el artículo 131 de la Constitución de la Ciudad que es el responsable de definir las prioridades para su presupuesto y realizar el seguimiento y control del Presupuesto en ejecución, conforme la norma constitucional.

La tareas de seguimiento y control constituyen la base para la elaboración del Presupuesto Comunal para el año siguiente y resultan una forma directa de control por parte de la ciudadanía sobre la ejecución del Presupuesto que lleva a cabo el Ejecutivo.

Asimismo, a los efectos de abrir a la voluntad popular la discusión de la asignación presupuestaria entre las distintas Comunas, con las previsiones establecidas en el artículo 129 de la Constitución de la Ciudad, se establece una instancia de debate intercomunal.

En lo que respecta al Presupuesto Participativo para las áreas temáticas, la discusión se dará primero en las Asambleas Populares Temáticas y después en los Foros Temáticos de la Ciudad integrados por delegados elegidos por cada una de ellas.

Los Foros Temáticos y el Plenario Intercomunal deberán, a su vez, elegir consejeros, que conformarán el Consejo de Presupuesto Participativo de la Ciudad conjuntamente con representantes del Gobierno. Estos últimos a diferencia del resto se caracterizarán por participar con voz pero no tendrán derecho a voto, en virtud de que es el Ejecutivo quien finalmente elabora el proyecto de Presupuesto a presentar en la Legislatura de la Ciudad.

La principal función de este Consejo será la de coordinar el proceso de Presupuesto Participativo y será también el encargado de elaborar el Reglamento, el que podrá modificarse anualmente en base a la experiencia del año anterior.

El Consejo será además, el encargado de sistematizar, discutir, evaluar y elevar al Poder Ejecutivo las propuestas y prioridades definidas a través de la participación popular.

Además, tendrá entre sus funciones la de discutir y emitir opinión sobre el proyecto que le envía el Poder Ejecutivo que se incorporará como un capítulo del Mensaje de presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos y el Plan de Inversiones Públicas.

Deberá también evaluar y realizar un seguimiento de la ejecución del Presupuesto en curso y fiscalizar el cumplimiento del Plan de Inversiones, al tiempo que deberá emitir opinión sobre las desviaciones presupuestarias, en el caso de que las haya.

Para facilitar el proceso el Poder Ejecutivo deberá garantizar la difusión masiva de las reuniones y actividades que se realicen en el marco de las distintas instancias y poner a disposición de los participantes la información necesaria en forma adecuada, oportuna y accesible.

Los principios que entiendo deben guiar al proceso de Presupuesto Participativo, hacen indispensable la disposición de mecanismos tendientes a asegurar la plena integración en el mismo de las personas con necesidades especiales, y así lo prevé este proyecto.

A su vez, pone particular énfasis en la capacitación de los diversos actores intervinientes. El Poder Ejecutivo de la Ciudad y el Comunal, deberán brindar capacitación a través de la organización y dictado de cursos, seminarios y charlas. Además, cuando se estime necesario por la complejidad de los temas o cuando los que se traten sean demasiado técnicos, se podrá requerir asistencia técnica.

Convencidos de que la implementación de este proceso debe estar acompañada de un profundo cambio cultural y el trascendente papel que en tal sentido desempeña la escuela y, particularmente la escuela pública, es que también propongo la enseñanza de los lineamientos básicos y los principios rectores del Presupuesto Participativo en los distintos establecimientos educativos de nivel primario y secundario, dependientes del Gobierno de la Ciudad.

Las Diputadas y Diputados de la Ciudad debemos acompañar este proceso, acercando sugerencias y recogiendo las que los ciudadanos tienen para hacernos. Por eso, se prevé la posibilidad de realizar reuniones especiales ante las distintas instancias con ese objeto.

Señora Presidenta, en tiempos de crisis económica, política e institucional como el que hoy nos toca atravesar, la implementación de herramientas de participación ciudadana como la que regula esta iniciativa en el marco de la Constitución de la Ciudad, resulta trascendente para la recomposición de los lazos entre la sociedad civil y el gobierno.

Es por eso y por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto.

 

Contacto: Envianos un mail haciendo clic aquí (contacto@presupuestoparticipativo.com)

© 2001, Grupo de Trabajo y Estudio "Democracia y Socialismo"
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